La Tribuna de Navarra


EL ATC DE RESIDUOS RADIOACTIVOS, NUEVO CONFLICTO PROVOCADO POR ZAPATERO
El Gobierno abdica de sus responsabilidades al transferir esta importante decisión a los municipios
El Gobierno de Rodríguez Zapatero pasará a la historia como el mayor desestabilizador de la democracia española. Allí donde el presidente pone su mano se genera un conflicto. El último ha sido el provocado por la convocatoria de un concurso entre los municipios españoles para decidir la ubicación del llamado Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radioactivos de alta actividad.
27 de enero de 2010, Tribuna de Navarra.- Sólo dos ayuntamientos se han atrevido a presentar su candidatura: Yebra, en la provincia de Guadalajara, y Ascó, en la de Tarragona. En ambos casos, los presidentes de las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha y de Cataluña han expresado su rotunda oposición a la construcción del almacén de residuos radioactivos, en medio de una polémica de la que no se libra ninguno de los grandes partidos políticos. La definición de la política energética es una competencia del Estado. En el año 2008, el Gobierno aprobó en Plan General de Residuos Radioactivos donde se establece la necesidad de contar con una nueva instalación para un periodo de sesenta años y en el que se almacenará todo el combustible gastado y los residuos de alta actividad de las centrales nucleares españoles (incluidos los procedentes de las centrales de Zorita y Garoña, cuyo cierre está previsto por el Gobierno). Se trata, pues, de una solución temporal, pues dentro de ese año deberán trasladarse los que no hayan perdido su carácter radioactivo por el transcurso del tiempo a un “cementerio” definitivo, que deberá ser subterráneo. Al nuevo almacén centralizado irá todo el combustible gastado y los residuos de alta actividad de las centrales nucleares españolas, permaneciendo así en un solo lugar y con una gestión única. Hasta ahora los residuos se almacenan en las instalaciones situadas en El Cabril (Córdoba), que se encuentra muy saturado, por lo que a partir de este mismo año habrá que recurrir a almacenes franceses, cuyo alquiler costará la friolera 60.000 euros diarios, lo que pesará como una losa sobre las empresas titulares de centrales nucleares y cuyo costo no podrán repercutir sobre la factura eléctrica. El almacén es una instalación industrial que ocupará 5 hectáreas. Constará de cinco espacios principales que reunirán en el mismo recinto el proceso integral para la gestión óptima de estos materiales. La tecnología prevista asegurará el confinamiento mediante una ventilación por bóvedas y un aislamiento de hormigón. La inversión será de 700 millones de euros. Pero el Gobierno de Zapatero no ha querido asumir la responsabilidad de fijar en exclusiva el futuro emplazamiento del almacén. Consciente de que su instalación iba a provocar la oposición frontal de los grupos ecologistas radicalmente contrarios a la energía nuclear, decidió traspasar la patata caliente a los municipios. A tal fin, el pasado mes de enero, el ministerio de Industria convocó un concurso público entre los ayuntamientos españoles a fin de conocer quiénes podrían estar interesados en albergar el nuevo almacén. Además del positivo efecto que en la economía de la localidad seleccionada tendrá la nueva instalación, que dará empleo a cerca de 300 trabajadores, el ayuntamiento elegido percibirá una subvención de 6 millones de euros anuales a partir de la entrada en funcionamiento del almacén. Toda una fortuna para un municipio pequeño. Del concurso quedaron excluidos aquellos municipios cuyos terrenos se consideran “no aptos” para la instalación del almacén como son aquellos que por sus propias características geológicas o por las especiales protecciones medioambientales no puedan ser receptores de aquél. De manera especial se consideran zonas “no aptas” a las que formen parte de la Red Europea de la Conservación de la Naturaleza, Red Natura 2000, incluyendo Parques Nacionales, Parques Naturales y otras figuras equivalentes cuya getión corresponde a las Comunidades Autónomas, los Lugares de Importancia Comunitaria (LICS) y las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPAS). También están excluidas zonas protegidas del Ministerio de Defensa, los Montes de Utilidad Pública y los terrenos que formen parte de la Red Española de Vías Pecuarias, así como áreas en las que existan elementos de interés patrimonial y emplazamientos que requieren que el transporte se lleve a cabo necesariamente por vía aérea o marítima. Otro nuevo conflicto entre el Estado y las Comunidades Autónomas Ya hemos dicho que sólo dos municipios han acordado presentar su candidatura. En el ayuntamiento alcarreño de Yebra gobierna el Partido Popular. El alcalde y los concejales populares serán expedientados por desobedecer la decisión de la dirección regional, que preside Dolores de Cospedal. Javier Arenas declaró que no se les abriría expediente disciplinario, pero la secretaria general del PP desautorizó las manifestaciones del vicesecretario general de Política Autonómica, aunque matizó después que el alcalde y los concejales “rebeldes” no serían expulsados del partido. Esta evidente falta de coordinación en el seno de las filas del PP ha sido aprovechada por el PSOE para denunciar la falta de coherencia del partido de la oposición, que en su programa electoral defiende la energía nuclear junto a las demás fuentes de energía alternativa como son, entre otras, las renovables y las térmicas de ciclo combinado. Por su parte, Ascó, que ya alberga en su territorio una central nuclear, en una tensa sesión celebrada el 26 de enero, la candidatura para acoger al nuevo almacén de residuos radioactivos fue aprobada por siete votos a favor y dos en contra. Los votos favorables fueron de los cuatro concejales de CiU, del único concejal del PSC y de dos de los cuatro concejales del partido de Independientes por Ascó. Los otros dos concejales de este último partido votaron en contra. Pero el Gobierno se enfrenta ahora a otro grave conflicto, provocado por su propia cobardía, y que afecta a las propias filas socialistas. Tanto el honorable Montilla como el presidente Barreda han anunciado que llevarán a cabo todas las actuaciones necesarias para evitar que el “cementerio” nuclear se instale en el territorio de sus respectivas comunidades. Barreda ha ido más lejos al advertir al Gobierno de que si no cuenta con la autorización de su Comunidad no podrá construirse la nueva instalación. Alega que con arreglo a su Estatuto de autonomía le corresponden la autorización de toda clase de establecimientos industriales. Ha convocado un pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha y no es de descartar que esté pensando en interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el concurso por invasión de sus propias competencias autonómicas. Zapatero aboga ahora por el consenso en la toma de decisiones. Habrá que ver cómo consigue salir de este embrollo. La Constitución reserva al Estado la regulación de las bases del régimen energético. Es evidente que el interés general exige contar con una instalación de esta naturaleza. El Gobierno debió asumir su responsabilidad y tomar la decisión de la ubicación. Lo que no es admisible es que se discuta al Estado la competencia para adoptar una medida que resulta imprescindible para la nación, por mucha que sea la oposición a las centrales nucleares. El Partido Popular se encuentra asimismo ante una grave contradicción. Hace bien en plantear la necesidad de reabrir el debate sobre las centrales nucleares, criterio que es compartido por algunas personalidades del PSOE, como Felipe González, que cuenta con el apoyo del poderoso grupo Prisa. Ahora bien, si se aboga por la energía nuclear resulta incongruente oponerse a la solución del problema de los residuos. Otra cosa es que Barreda esté dispuesto a rentabilizar, haciendo gala de toda la demagogia de que es capaz, la cuestión del cementerio nuclear para debilitar la candidatura de Dolores de Cospedal que, según las encuestas, tiene grandes posibilidades de ganar las próximas elecciones autonómicas. Las energías renovables tienen mayor impacto medioambiental que las nucleares –que no tienen ninguno– y son mucho más caras, pues hasta el momento los enormes beneficios que aquéllas han generado a sus promotores ha sido a costa de los sufridos consumidores –empresas y familias–,obligados a soportar una tarifa mucho más cara. En Europa, además de los países que disfrutan de una electricidad mucho más barata gracias a las centrales nucleares, como Francia, Gran Bretaña, Alemania o Italia, otros muchos se proponen reconsiderar su postura de oposición a una energía imprescindible para la economía occidental, que no puede estar a merced de las fluctuaciones del petróleo y del gas, cuyas reservas no son inagotables. El asunto promete.

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