| UN NUEVO TERREMOTO POLÍTICO DEL GOBIERNO DEL SOCIALISTA MONTILLA | |||
| La aprobación del proyecto de ley de veguerías provoca una gran polémica | |||
| El cordobés Montilla sigue su programa de demolición del Estado español en Cataluña. La última novedad ha sido la aprobación por el Gobierno de la Generalidad de un proyecto de ley sobre organización territorial que suprime las provincias y divide el territorio en 7 “veguerías”. Nada que objetar si se trata de una organización interior de Cataluña. Pero la desaparición de las provincias de Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona, así como de sus Diputaciones provinciales en virtud de una ley de la Generalidad, sería manifiestamente inconstitucional. | |||
Mientras el Tribunal Constitucional sigue como Penélope tejiendo y destejiendo en espera de que se produzca algún milagro que permita una sentencia unánime sobre al Estatuto Catalán, la Generalidad sigue dando pasos inequívocos de desafío al Estado amparándose en una norma susceptible de ser declarada como inconstitucional. La última novedad en esta política de hechos consumados la ha dado el gobierno de la Generalidad al aprobar un proyecto de ley que, con base en el artículo 90 del Estatuto, divide el territorio catalán en siete veguerías: Tierras del Ebro, Barcelona, Lérida, Altos Pirineos y Arán, Cataluña Central, Gerona y Campo de Tarragona Las veguerías en el Estatuto catalán El Estatuto de Cataluña establece que la “veguería” es el ámbito territorial específico para el ejercicio del gobierno intermunicipal de cooperación local y tiene personalidad jurídica propia. La veguería también es la división territorial adoptada por la Generalidad para la organización territorial de sus servicios. Dada su inserción en el régimen local, la veguería goza de autonomía para la gestión de sus intereses. En cada veguería habrá un Consejo integrado por representantes de los municipios integrados en aquélla que elegirán a su presidente. La norma, según ha “vendido” el Gobierno Montilla supone la supresión de las provincias catalanas, consideradas como artificiales y fruto de la imposición del Estado, y de las Diputaciones provinciales, que serán sustituidas en cada nueva circunscripción territorial por un Consejo de veguería. El Estatuto catalán establece que Cataluña puede dividir su territorio para la organización territorial de los servicios de la Generalidad así como para el ejercicio del gobierno intermunicipal de cooperación local, que recuerda la figura de las mancomunidades cuya constitución está prevista en la legislación estatal de régimen local. Hasta ahí nada que objetar. El problema se complica porque en el artículo 91 del Estatuto se establece que “los Consejos de veguería sustituyen a las Diputaciones”. Y para mayor confusión el mismo artículo que se refiere a la competencia del Parlamento de Cataluña para la creación, modificación, supresión y el desarrollo del régimen jurídico de las veguerías, se añade a renglón seguido y como consecuencia de lo anterior que “la alteración, en su caso, de los límites provinciales se llevará a cabo conforme a lo previsto en el artículo 141.1 de la Constitución. La supresión de las Diputaciones provinciales ¿Qué quiere decir esto? Podría decirse que las Diputaciones provinciales no desaparecen, puesto que el Estatuto habla de “sustituir” a las referidas Corporaciones se supone que en cuanto al ejercicio de sus competencias en materia municipal. Ahora bien, la norma estatutaria lo que establece es en realidad el vaciamiento de competencias de las Diputaciones que una vez creadas las veguerías serán ejercidas por los Consejos vegueros. De ahí la remisión estatutaria a una futura ley orgánica que apruebe la modificación de los límites provinciales conforme a lo dispuesto en el artículo 141, 1 de la Constitución. El caso es que nuestra Ley de leyes establece que el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y comunidades autónomas. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. Por otra parte, y así lo dispone la Constitución, la provincia es la circunscripción electoral para la elección de diputados y senadores. Oposición de la Diputación de Barcelona Sin embargo, la Diputación de Barcelona ha hecho público un informe jurídico que cuestiona la constitucionalidad de la creación de las veguerías Según un informe elaborado por el Gabinete Jurídico de la Diputación de Barcelona y aprobado la semana pasada, la creación de las veguerías es «inoportuna» porque «puede consolidar una tendencia al incrementalismo (sic) y al aumento del gasto público» cuando todavía no se ha resuelto la financiación local. La nueva ley creará una administración supramunicipal “de difícil dirección política y gestión pública” y recuerda que la sustitución de las provincias por diputaciones es inconstitucional si no se reforma primero la Ley orgánica de organización territorial española. De otro modo, la Generalidad se estará limitando a crear un nuevo nivel administrativo. Claudicación del Gobierno ZP Pero el Gobierno de Zapatero ya está dispuesto a claudicar. Según fuentes del Gobierno catalán tanto la vicepresidenta De la Vega como el vicepresidente Chaves no ven con malos ojos la nueva división territorial, una cuestión que no generaría ningún inconveniente fuera de Cataluña y que nada tiene que ver con lo que es la demarcación electoral. Pero las provincias son mucho más que eso. El artículo 141,1 se refiere a la posibilidad de alterar los “límites” provinciales, pero nada dice sobre la “supresión” de las provincias o de la creación de otras nuevas. Polémica en Cataluña En Cataluña el proyecto ha generado una gran polémica. CiU y PP expresaron su oposición al proyecto de ley de división de Cataluña en siete veguerías, que ayer aprobó el Gobierno catalán. CiU dejó abierta la posibilidad de presentar una enmienda a la totalidad porque nace sin consenso territorial y político, y el PP fue más allá y aseguró que "no descarta" recurrirlo ante el Consejo de Garantías Estatutarias. Según la portavoz del PP en el Parlamento catalán, Dolors Montserrat, el proyecto de ley es un "desprecio, un menosprecio y un desafío" al Tribunal Constitucional (TC), porque, a su juicio, este mes podría emitir su sentencia sobre el Estatuto. Desde CiU, Oriol Pujol recordó una respuesta del ex presidente Jordi Pujol, que al ser preguntado sobre las veguerías dijo 'Això no toca' --'Hoy no toca', ya que a su juicio hay que priorizar la lucha contra la crisis, mientras que el tripartito reconoció que contempla la posibilidad de que el proyecto de ley salga adelante sólo con sus votos y con el rechazo de la oposición. El Valle de Arán podría reclamar la independencia Para echar más leña al fuego desencadenado por el tripartito catalán, el síndico del Valle de Arán, Francés Boya, del PSC, que cuenta con un estatus singular, no descartó hoy trabajar para reclamar la independencia del Valle de Arán si no se escuchan las pretensiones de la zona de seguir siendo un "ente autónomo" y no formar parte de la veguería del Alto Pirineo. "Yo no soy independentista pero, llegado el momento, si resulta que por la vía de los argumentos utilizados hasta ahora no se nos escucha y no podemos defender los derechos de nuestro país de otra manera, quizás sí (pidamos la independencia)", declaró. Defendió que Arán tiene una lengua, una cultura y unas instituciones propias, por lo que debe ser un "ente autónomo", como ha sido históricamente. Para él, es un territorio con autonomía propia que perdería el sentido al quedar "diluido" en la veguería. | |||
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