La Tribuna de Navarra


CONFERENCIA DE JAIME IGNACIO DEL BURGO
Disertó sobre “Política y corrupción” en el Ateneo navarro
La Sala de Conferencias de la Avenida del Ejército fue el marco elegido por el Ateneo navarro para invitar a ex presidente del Gobierno de Navarra y ex diputado para pronunciar una conferencia sobre “Política y corrupción”. Del Burgo, -que fue presentado por Luis Sarriés, catedrático de Sociología de la Universidad Pública de Navarra y vocal de la Junta del Ateneo-, no defraudó al público que llenaba el local. Ofrecemos a nuestros lectores el texto íntegro de su conferencia.
3 de febrero de 2010, Tribuna de Navarra.- POLÍTICA Y CORRUPCION Navarra, la nueva Arcadia feliz Fue en el otoño del año pasado cuando recibí la amable invitación de Luis Sarriés para participar en este ciclo de conferencias organizado por el Ateneo navarro. Acordamos entonces que mi ponencia versara sobre “Política y corrupción”, que era el título de un artículo periodístico que yo acababa de publicar. Digo esto porque la casualidad ha querido que esta exposición coincida en el tiempo con la aprobación por el Senado de una propuesta de pacto global contra la corrupción, presentada por una senadora de nuestra tierra, y el rechazo por el Parlamento de Navarra de una iniciativa similar, con el argumento de que el grupo proponente trataba de crear una injustificada alarma social. Así que todo cuanto diga esta tarde no va con nosotros. Aquí no hay corrupción. Nadie malversa fondos, ni lleva a cabo actuaciones prevaricadoras, ni ejerce tráfico de influencias, ni utiliza información privilegiada, ni mueve los resortes políticos y económicos del poder para favorecer a sus amigos. Todo es transparente y cristalino. Los contratos públicos se adjudican siempre a la oferta más beneficiosa para el interés general. Las facultades discrecionales se ejercen rectamente, sin el menor atisbo de arbitrariedad. Ningún responsable público acepta regalos, salvo a lo sumo unas cuantas botellas de vino –no de Vega Sicilia, claro es– y algunos turrones en Navidad. Nada de viajes de placer, ni coches de lujo, ni relojes de marca, ni cuadros que cotizan en el mercado, ni siquiera alguna humilde prenda de vestir que echarse al cuello. Ninguno de nuestros políticos frecuenta cacerías ni acude a selectos saraos, donde suele existir la mala costumbre de mezclar la política y los negocios. Todo el mundo cumple a rajatabla la ley de incompatibilidades. Es un insidioso quien diga que entre nosotros se ha instalado un régimen clientelar. Hubo, sí, algún desliz, pero fue en otro tiempo y ya es agua pasada. El dios Eolo, el impulsor de la energía sobre la que se asienta nuestra apuesta de futuro, se encargó de expulsar de nuestra atmósfera cualquier partícula contaminante. Somos, pues, afortunados. Navarra es en este campo, como en tantos otros, privilegiada. Somos la versión moderna de la Arcadia feliz de la Antigüedad, aquella ciudad rodeada de montañas, con fértiles prados y frondosos bosques, poblada por patriarcales, sencillos y hospitalarios pastores, que conservaron sus tradiciones y su bienestar, cuando el resto de Grecia había llegado a la más lamentable degradación. Pero Navarra es España, lo que es algo obvio por más que a algunos no les guste. De ahí que también sean muchos los navarros que están preocupados por todo cuanto acontece en nuestro país y que tarde o temprano repercute en nosotros. El cáncer de la corrupción España parece estar seriamente dañada por la corrupción. Eso es, al menos, lo que reflejan las encuestas, aunque estemos muy lejos de los países que tienen el dudoso honor de encabezar la lista de los Estados más corruptos. Una lista que prueba que nadie se libra de este cáncer, que afecta a democracias y a dictaduras, a las naciones más ricas y a las más pobres del planeta. Se llega así a la conclusión de que la corrupción es una enfermedad social con la que inevitablemente estamos condenados a convivir. Los teólogos explican que la corrupción está impresa en la naturaleza humana a causa del pecado original, el que cometió nuestro padre Adán cuando quiso moverle la silla nada menos que al propio Creador y que acabó con el designio divino de hacer de la tierra un paraíso. Y dicen también que en la lucha perenne entre el bien y el mal, éste último lleva las de ganar porque los hijos de las tinieblas son más despiertos que los hijos de la luz. Pero semejante manera de pensar no debe conducirnos a la pacífica aceptación de la corrupción, como si se tratara de una más de las calamidades inevitables, que estamos obligados a soportar en este mondo cane. Desde los primeros tiempos el camino estuvo y está meridianamente marcado. En el Sinaí, junto a otros mandamientos dirigidos a poner un poco de orden y amor en las relaciones humanas, se esculpió en piedra aquello de “no robarás” y “no codiciarás los bienes ajenos”. Pero como los judíos –y los demás mortales–somos duros de corazón, las admoniciones morales sirvieron para bien poco. Así que no hubo más remedio que echar mano del Código Penal. Pero si el temor a las penas del infierno no fue suficiente freno a la corrupción en tiempos en que oficialmente se creía en ellas, en la sociedad de nuestros días las penas de cárcel tampoco surten demasiado efecto. En el llamado Código Penal de la democracia se contemplan todas las posibles conductas corruptas. Se podrá discutir si se deben o no endurecer las penas y si los plazos de prescripción son demasiado cortos, pero lo cierto es que la tipificación de los delitos es prácticamente exhaustiva. Y, sin embargo, la corrupción no cesa. Por supuesto, la principal causa de las conductas corruptas es la codicia individual. El afán de enriquecerse personalmente o el propósito de enriquecer a otros, con el compromiso o la esperanza de obtener futuras compensaciones, es el que mueve a un cargo público a traicionar la confianza depositada en él por sus electores o por su partido político. Ocurre que el poder, en ocasiones, nubla la mente y crea en el que lo ejerce la sensación de que es impune, por lo que no vacila en entrar de hoz y coz en el Código Penal pues tiene la convicción de que nada ni nadie logrará apearle del coche oficial. El político dispuesto a corromperse tal vez piensa que “como todo el mundo hace lo mismo”, por la ley de las probabilidades es más que difícil que le descubran. b>La democracia, por sí sola, y la economía de mercado no son un antídoto contra la corrupción La financiación de los partidos políticos En los años de la transición ya hablábamos de la necesidad de erradicar la corrupción. “Repudiamos toda forma de corrupción social y económica, así como cualquier actividad especulativa que trafique con las necesidades básicas de la persona”. Así rezaba el punto 36 del ideario del primer partido que contribuí a fundar en 1976. No es que tuviéramos una idea clara del alcance de la corrupción, pero barruntábamos que el urbanismo tenía mucho que ver con ella. Llegamos por ello a introducir otro punto en nuestro programa ideológico, que debo decir me granjeó el calificativo de “rojo” por algunos sectores conservadores, porque propugnábamos que “el suelo de expansión de las grandes ciudades y núcleos urbanos, cuya propiedad privada ha demostrado ser factor fundamental de especulación antisocial, deberá ser socializado, atribuyendo su propiedad a los municipios”. Estábamos convencidos de que la democracia y la economía de mercado serían el mejor antídoto contra la corrupción. Éramos unos ingenuos. Como lo fueron los constituyentes de Cádiz, cuando creyeron que, por proclamarlo así en la Constitución de 1812, los españoles serían en lo sucesivo “justos y benéficos”. La financiación de los partidos políticos se llevó por delante la esperanza de acabar con la corrupción. En 1979, nada más producirse las primeras elecciones municipales, el principal partido de la oposición de aquel entonces remitió una circular a sus alcaldes con la indicación de que las contratas municipales, especialmente las de recogida de basuras, cuya gestión ya había comenzado a privatizarse, podían ser un buen instrumento de financiación. Esto tuvo un efecto perverso. Hizo ver a los empresarios que ofrecer dinero para financiar a un partido en el poder podía ser una buena tarjeta de presentación. Los alcaldes, sin sonrojarse, pedían o aceptaban la dádiva generosa de sus contratistas porque era para una causa tan noble como el sostenimiento del partido. Cuando recibieron los primeros maletines rebosantes de dinero negro se dieron cuenta de que si distraían una parte para su uso personal no pasaba nada. Por supuesto, fueron muchos los que resistieron la tentación, pero el camino estaba abierto. En nombre del partido se cometieron las primeras tropelías. Después, ya no hubo necesidad ni siquiera de ampararse en él. Y se buscaron otra justificación. Si un empresario, como consecuencia de una decisión municipal, iba a obtener un gran beneficio, ¿por qué no había de compartirlo con quién lo hacía posible? La típica picaresca española se encargó de todo lo demás. Surgió así la figura del “conseguidor”, que evitaba al político corrupto pasar por el mal trance de pedir comisiones, y se perfeccionaron los procedimientos múltiples para dar apariencia legal al desvío ilícito de fondos públicos. En los primeros años de la década de los noventa, la corrupción, centrada sobre todo en la financiación de los partidos, hizo irrespirable la vida democrática española. Fui portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Investigación del escándalo Filesa. Grande fue mi estupor cuando descubrimos que la misma persona que en 1987 había defendido en la tribuna de oradores del Congreso la ley orgánica de financiación de los partidos y en su discurso había asegurado que desde entonces los españoles podíamos confiar en la transparencia financiera de las formaciones políticas, se había ocupado en paralelo con otros miembros de la tesorería de su partido de crear sociedades fantasmas, para facturar a las principales empresas del país por servicios inexistentes. El importe de sus pingües beneficios se destinaba a pagar gastos electorales para eludir los límites establecidos, con lo que se alteraba la libre concurrencia y la igualdad de oportunidades entre los distintos partidos. Y lo peor de todo es que la idea de poner en marcha un sistema tan perverso había sido de uno de los siete grandes de la Banca española de aquel entonces. La investigación parlamentaria de aquel caso se cerró en falso, pero no así la acción de la Justicia, aunque en el banquillo sólo se sentó alguno de los responsables políticos y ninguno de los empresarios que se habían prestado al juego. Todos los partidos políticos se han visto envueltos a lo largo de todos estos años de democracia en escándalos de corrupción, protagonizados por algunos de sus militantes en el ejercicio de sus funciones públicas. Según reveló en noviembre pasado el fiscal general del Estado, de las 700 causas judiciales abiertas, 260 corresponden a miembros del PSOE, 200 a miembros del PP y el resto se reparte entre las demás formaciones políticas de todos los colores, nacionalistas y regionalistas. El sistema proporcional, que se aplica en las elecciones autonómicas y municipales, permite que minúsculas partidos políticos se conviertan en bisagra imprescindible para la conformación de gobiernos estables. En estos días, ha hecho crisis el caso de un partido de estas características, que desde hace varias legislaturas se aprovechó de esta circunstancia para encaramarse al poder y saquear a sus anchas los caudales públicos. Casi al mismo tiempo que se producían estas revelaciones del fiscal general, en una reunión del Instituto de la Empresa Familiar, su presidente, Simón Pedro Barceló, cosechó una gran ovación de su auditorio cuando afirmó que “la corrupción está paralizando el funcionamiento de algunas administraciones y está creando un clima de desconfianza que va a ralentizar la recuperación de la inversión. Esto nos parece inaceptable”. Pero su denuncia hubiera tenido mayor credibilidad y eficacia si hubiera exhortado a renglón seguido a sus propios compañeros a que se abstuvieran de cualquier contribución ilícita y no sólo rechazaran todo intento de extorsión, sino que lo denunciaran. Entre otras razones porque la corrupción altera las reglas del libre mercado, además de generar la desconfianza de los ciudadanos en el sistema democrático. La creciente intervención del sector público en la actividad económica y la expansión de la discrecionalidad en la contratación pública. < En teoría, es la nuestra una economía de mercado basada en la libertad de empresa y en el principio de la libre competencia. Como diría el castizo, “el que más chifle, capador”. Pero lo que no se contaba era con que el vigilante del mercado, la Administración, se iba a convertir en un poder omnipotente y omnipresente. Todo está sometido a su control. Para cualquier cosa hay que pedir una autorización o una licencia y hasta demostrar que no eres un enemigo de la naturaleza. Esto da lugar a una gigantesca burocracia, que manifiesta su poder y se hace presente en todo. En el ámbito del urbanismo, se ha acuñado una palabra benéfica y maldita al mismo tiempo. Se llama recalificación”. A quien la Administración toca con su varita recalificadora es como si le hubiera caído un pozo de petróleo. Al que desprecia, lo reduce a la nada. No he llegado a comprender cómo nuestra sociedad acepta sin pestañear un hecho tan manifiestamente injusto y que constituye un abuso del derecho de propiedad como es el del enriquecimiento por el mero hecho de tener la suerte de ser propietario de un terreno en un lugar de expansión urbana cuando no se ha hecho nada, absolutamente nada, para obtener una contraprestación tan exorbitante. La consecuencia es que en España, en una vivienda el valor del suelo es muy superior al costo de la propia construcción. Otro tanto ocurre en la contratación pública. La vieja figura de la subasta casi ha desaparecido al ser sustituida por el sistema de concurso. En teoría, este último procedimiento pretende garantizar la selección de aquella oferta que sea la mejor desde el punto del interés general y ofrecer el precio más barato no garantiza por sí solo tal finalidad. El problema es que para seleccionar al mejor, hay que evaluar la viabilidad económica de las empresa concurrentes así como su capacitación y experiencia técnica. Para ello se ha dotado a la Administración de un alto grado de discrecionalidad. Todo ello ha contribuido a la aparición de un nuevo poder, que no está en los libros de ciencia política, al que podríamos llamar “poder informador”. El ejercicio de la discrecionalidad se basa en informes técnicos. Con ello se trata de evitar la posible arbitrariedad. Pero los técnicos también son humanos y en ocasiones se prestan a dar cobertura a decisiones fruto de la corrupción proporcionando al político una perfecta coartada para el caso de que las cosas vengan mal dadas. Vaya por delante que no pongo en duda la probidad y honradez de los diversos estamentos de la Administración Pública, que al igual que la mayoría de sus gestores políticos ejercen su función con honradez. Pero sí quiero dejar constancia de que el incremento del intervencionismo de los poderes públicos y el aumento de la discrecionalidad en la contratación pública son un campo abonado para que pueda crecer la hierba mala de la corrupción. La deficiente respuesta política a la alarma social que provoca la corrupción Cada vez que estalla un escándalo, las fuerzas políticas parlamentarias primero se inquietan, luego se reúnen y al final anuncian a los cuatro vientos que van a implantar nuevas medidas contra la corrupción. Pretenden así dar respuesta a la alarma social que tales hechos provocan. Pero, por regla general, en cuanto pasa la tormenta el asunto se olvida. No sé si ocurrirá lo mismo con la moción aprobada el pasado 9 de febrero en el Senado. Tengo mis dudas. Entre las medidas propuestas se incluye la reforma de la ley de financiación de los partidos políticos. Se olvida que la actual lleva en vigor menos de tres años, pues se promulgó en julio de 2007. Fui ponente de esta ley en nombre del Grupo Popular y por eso puedo hablar con pleno conocimiento de causa. Durante la tramitación parlamentaria se rechazaron todas nuestras enmiendas. Paradójicamente, algunas de ellas se contienen en la moción senatorial aprobada hace unos días. Debo decir que la única virtud de la ley vigente fue la supresión de las donaciones anónimas, que suponían el chocolate del loro y daban lugar a que se especulara sobre la opacidad de las cuentas de los partidos beneficiarios de tales donaciones. Desde la tribuna de oradores provoqué un gran enfado del grupo mayoritario cuando expuse todo un decálogo de escándalos que jalonaban la nueva ley y que suponían un gran fraude. Me referiré a alguno de ellos. Una gran parte de la corrupción anida en los aledaños del poder municipal. Eso no lo discute nadie. Pues bien, los partidos políticos están obligados a llevar una contabilidad que sea fiel reflejo de su actividad económica y que se someten al control del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, las de los comités locales de los partidos no se integran en la contabilidad general. En consecuencia quedan fuera del control del Tribunal, razón por la que éste en sus informes de fiscalización venía clamando año tras año para que se corrigiera esta gravísima anomalía. Una de nuestras enmiendas iba en tal sentido, pero fue rechazada por la mayoría de la Cámara. Lo mismo ocurrió con otra nuestra pretensión de prohibir que los partidos políticos pudieran aceptar o recibir donaciones de constructores y promotores de viviendas. Es razonable que los concesionarios de servicios públicos no puedan realizar donaciones a los partidos, como estaba ya en la ley anterior y se mantuvo en la actual. Pero no se entiende que los beneficiarios de las licencias urbanísticas tengan barra libre a la hora de hacer donaciones a los partidos. Pero así son las cosas. Idéntica suerte corrió asimismo nuestra propuesta de prohibir a las entidades financieras que perdonasen las deudas crediticias de los partidos políticos. Peor aún. Se introdujo una disposición adicional para dar cobertura a la condonación de decenas de millones de euros al partido del gobierno, al PSC y a otros partidos. Para justificar tal despropósito se alegó la insólita doctrina jurídica de que los partidos son instituciones “que se rigen por el derecho privado”, razón por la que pueden formalizar los pactos que estimen procedentes con las entidades bancarias. Pero este argumento no se sostiene. Los partidos son asociaciones de relevancia constitucional, pues son un instrumento fundamental para la participación política. Prueba de ello es que dos leyes orgánicas se refieren a ellos (la de partidos y la de financiación). Para evitar operaciones sospechosas de corrupción y, en todo caso, contrarias al principio de igualdad y a la libre concurrencia entre los partidos, no se deben permitir las condonaciones bancarias por no ser otra cosa que donaciones exorbitantes, que pueden comprometer la imparcialidad y objetividad de la acción de gobierno cuando estén en juego los intereses del generoso donante. Una persona física o jurídica no puede hacer a un partido político una donación superior a los 100.000 euros anuales. En cambio, un banco puede beneficiar a un partido con una donación –pues no otra cosa es la condonación– de millones de euros. Esto es vulnerar la letra y el espíritu de la ley. Pero aquí no pasa nada. En suma, un partido que se financia de forma ilegal es un jugador de ventaja, que tiene mayores oportunidades que sus competidores al poder gastar más en propaganda o en los gastos ordinarios de funcionamiento. Esto supone desvirtuar la representación basada en el sufragio libre e igual. La ley no debe dar amparo a una situación semejante. La dudosa imparcialidad de la respuesta judicial La salud democrática de un país constituido en Estado de Derecho como el nuestro se mide, entre otras cosas, por la existencia de un Poder judicial integrado por jueces y magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Reconozco que en esto, como en tantas otras cosas, las previsiones de la Constitución no se han cumplido. El poder judicial está hoy estrechamente mediatizado en España por el poder político. Los constituyentes estábamos convencidos de que la independencia quedaba garantizada si se atribuía el gobierno de la Justicia a un organismo no gubernamental. Esta es la razón de ser del Consejo General del Poder Judicial, compuesto por veinte miembros, de los que doce serían elegidos entre jueces y magistrados y los otros ocho por el Congreso y el Senado, entre juristas y abogados de reconocida competencia. En la primera ley constitutiva del Consejo, tras la aprobación de la Constitución, se estableció que los doce jueces y magistrados fueran elegidos por sufragio entre todos los miembros de la carrera judicial. El primer Consejo fue realmente independiente. Pero todo cambió cuando en 1986 alguien sentenció que Montesquieu, el definidor del trascendental principio de la separación de poderes, había muerto, para justificar, violando el espíritu de los constituyentes, que todos los miembros fueran elegidos por el Congreso y por el Senado, a razón de diez vocales cada uno. Para complicar más las cosas, se permitió a los jueces y magistrados –a los que la Constitución prohíbe pertenecer a partidos políticos y sindicatos–, constituir asociaciones profesionales, que en la práctica son un medio para eludir dicha prohibición, pues actúan como auténticos sindicatos y se comportan, en muchas ocasiones, como si fueran la sección judicial de un partido político. La perversión del sistema ha llegado hasta el extremo de que en la última renovación del Consejo fuera el presidente del Gobierno quien anunciara a la opinión pública el nombre de su candidato a presidir el Tribunal Supremo que, por supuesto, resultó elegido. Dado que posee la facultad de nombrar a los cargos más relevantes de la magistratura, el Consejo se ha convertido en un nuevo escenario de confrontación entre los dos grandes partidos. La batalla por los nombramientos suele acabar en un descarado reparto de cuotas, de forma que no siempre prevalece el principio de mérito y capacidad. La consecuencia es una Justicia politizada, que se pone de manifiesto de manera especial cuando se trata de enjuiciar los casos de corrupción. Todo esto contribuye a minar la confianza de los ciudadanos en la Justicia. Por otra parte, la Constitución encomienda al Ministerio Fiscal la misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Pero atribuyó al Gobierno el nombramiento del Fiscal General del Estado, que es el superior jerárquico de todos los fiscales que están obligados a obedecer sus directrices. Dentro del Ministerio Fiscal está la Fiscalía Anticorrupción, que se ocupa de perseguir a los corruptos. Pero la experiencia demuestra que lo hace de una manera selectiva y a veces sectaria. Nuestra Ley fundamental ordena que el Ministerio Fiscal ejerza sus funciones con sujeción, en todo caso, a los principios de legalidad e imparcialidad, pero se equivocó al no garantizar su independencia pues se trata de un órgano de carácter jerárquico. También la Constitución previó la existencia de una policía judicial para la persecución del delito y el aseguramiento del delincuente, bajo la dependencia de los jueces y tribunales. Pero los agentes destinados a esta función siguen bajo la dependencia jerárquica del ministerio del Interior y se juegan su futuro profesional si no secundan el criterio del Gobierno en aquellos asuntos en los que éste pudiera estar comprometido. Hay otra amenaza a la independencia judicial que es directa consecuencia de la asunción por las Comunidades autónomas de las competencias que anteriormente ejercía el ministerio de Justicia en la provisión de los recursos humanos y de los medios materiales de los juzgados y tribunales. Las juntas de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia son un cero a la izquierda en todas estas cuestiones. No se entiende cómo se acepta sin discusión que las Universidades Públicas tengan plena autonomía a la hora de gestionar los recursos que proceden de los presupuestos generales del Estado o de las Comunidades Autónomas y, en cambio, se niega al órgano encargado del autogobierno de los jueces –el Consejo General del Poder Judicial– la facultad de disponer de los recursos destinados a la financiación de la Administración de la Justicia. El papel de los medios de comunicación En esta visión, ciertamente pesimista, sobre la actual situación de la lucha contra la corrupción, queda todavía un lugar para la esperanza. Es el que ocupan en nuestra sociedad democrática los medios de comunicación. Muchos casos de corrupción se han descubierto gracias a su infatigable labor de investigación, que ha obligado en muchas ocasiones a poner en marcha la maquinaria de la Justicia contra los presuntos implicados en casos de corrupción. Ya sabemos que la libertad de prensa está en manos de unas cuantas sociedades capitalistas, que son quienes detentan –y doy a esta palabra su auténtico significado– el derecho a la libre expresión. También aquí manda el mercado y los lectores, por fortuna, no comparten el pensamiento único. De ahí que los periódicos, salvo algunos casos excepcionales de medios que han logrado mantener su independencia y están abiertos a la libre expresión del pluralismo político, si quieren sobrevivir han de conectar con alguno de los proyectos ideológicos en liza. De esta forma, puede afirmarse que los medios son fiel reflejo del pluralismo de la sociedad. Todos los gobiernos han tratado de influir en los medios de comunicación. En España hay radios y televisiones públicas, a los que se destinan cuantiosos recursos públicos, y que no tienen ninguna razón de ser. Por fortuna, la revolución tecnológica nos permite elegir entre una impresionante oferta de canales de televisión y de emisoras de radio. El oligopolio televisivo en que hemos vivido en las últimas décadas toca a su fin. Y eso también es bueno para la libertad de expresión y de información. Sin contar con otra manifestación libertaria que son los medios digitales y el desarrollo de las grandes redes comunicativas, que contribuyen a promover el pluralismo. En cuanto a la prensa escrita, los poderes públicos –y también los grandes grupos de interés– han tratado siempre de influir o controlar los medios de comunicación. Pues bien, los gobiernos han encontrado en los últimos tiempos un procedimiento de control de los medios de comunicación, que resulta altamente peligroso sobre todo en tiempos de crisis económica en los que se produce una drástica reducción de la publicidad comercial. Me refiero a la llamada publicidad institucional, que no es otra cosa que pura propaganda pagada con fondos públicos a mayor gloria de los gobernantes. Cuando la cuenta de resultados se convierte en un grave problema para la propia subsistencia de la empresa periodística, la publicidad institucional puede ser la única tabla de salvación. Todo esto, además de ser una amenaza para la libertad, reflejan un comportamiento mafioso y corrupto. Ya dije al principio que a nosotros nada de esto nos afecta, pues somos una Arcadia feliz. Sin embargo, no hace mucho hubo de cerrar en Navarra un modesto pero emergente y combativo medio informativo semanal, perteneciente a un grupo de comunicación nacional, que tuvo la osadía o cometió la torpeza, según se mire, de publicar una información que molestó a quien tenía en su mano la administración de la tarta publicitaria. Todavía estaba en los kioscos el número de la revista que molestó al poder, cuando se comunicó a sus editores que el grifo de la publicidad institucional comprometida quedaba cerrado a cal y canto. La explicación del interlocutor público no pudo ser más sincera y significativa: “Yo no pongo dinero a quien me escupe a la cara”. No siempre el papel de los medios es ejemplar. Algunos se prestan a realizar campañas teledirigidas desde el poder político en contra de sus adversarios y publican informaciones sesgadas, tergiversadas o no contrastadas, difunden ilegalmente los sumarios declarados secretos con filtraciones interesadas y presionan a los jueces y magistrados encargados de la instrucción y enjuiciamiento de determinadas conductas delictivas, sirviendo así a los intereses de una determinada formación política y no a la causa de la verdad. Todo esto también es corrupción. < Reivindicación de la Política y de los políticos A la vista del panorama que acabo de describir, donde existen muchas más sombras que luces, la erradicación de las prácticas corruptas parece una utopía propia de una sociedad de titanes. Aquí no vale decir “y tú más”. Ni tampoco invocar aquella máxima evangélica de que “quien esté libre de culpa tire la primera piedra”. Ninguna formación política está vacunada contra la corrupción de alguno de sus miembros. Pero del mismo modo que una manzana podrida puede corromper todo el cesto, la ciudadanía piensa que lo mismo ocurre en el cesto de la política, de modo se llega a la conclusión de que, al final, “todos los políticos son iguales”. Lo cierto es que el descrédito de la llamada clase política ante la ciudadanía es brutal. Algo tendremos que hacer para evitarlo. Todo menos permanecer con los brazos cruzados. La inhibición es una actitud cobarde. La lucha contra la corrupción nos concierne a todos. Por ejemplo, con el voto libre y secreto. Pero podemos y debemos hacer mucho más. Eso de la “tolerancia cero” con la corrupción queda muy bien en los discursos de los responsables políticos, pero de las palabras hay que pasar a los hechos. Hay que exigir a todos los partidos que excluyan de las listas electorales e impidan el acceso a la función pública a quienes no tengan su casa en perfecto estado de revista. Los ciudadanos tienen derecho a exigir a los servidores de la res publica una total transparencia patrimonial y el estricto cumplimiento de las incompatibilidades, que eviten o detecten cualquier enriquecimiento no justificado o cualquier actuación contraria al interés general. Asimismo, no estaría de más introducir por ley la limitación de mandatos de quienes ejerzan responsabilidades de gobierno. Me viene a la memoria una frase que figura en el acuerdo de la Diputación Foral que, a fines del siglo XIX, creo el Consejo Foral con la finalidad de controlar su gestión presupuestaria y económica, y que me impresionó por su clarividencia: “El pueblo –cito textualmente– mira con recelo a quienes se perpetúan en el ejercicio del poder”. Es imprescindible, además, reforzar la independencia de los miembros del poder judicial y del ministerio fiscal. La policía judicial no puede ser una correa de transmisión del poder político. Deben reforzarse al máximo los instrumentos de control de la contratación pública, para evitar que la discrecionalidad pueda convertirse en arbitrariedad. Y lo mismo en lo relativo a la concesión de subvenciones. Hay que repudiar al empresario que se acerca al poder para conseguir beneficios personales. Defender el interés de la empresa es plenamente legítimo, pero no a costa de convertirse en un cuatrero de los fondos públicos en perjuicio de sus competidores. Algo habrá que hacer también para reforzar la función fiscalizadora de los Parlamentos. No puede ser que el poder ejecutivo controle al legislativo, cuando debe ser a la inversa. En las democracias parlamentarias, el jefe del gobierno –sustentado en la mayoría– tiene un poder inmenso. De ahí la sabia advertencia de Lord Acton: “El poder tiende a corromperse. Pero el poder absoluto se corrompe absolutamente”. La concertación de los grandes partidos para superar situaciones excepcionales no puede servir tampoco de coartada al poder político para eludir el control de su actuación por parte de la oposición. Por otra parte, los grupos parlamentarios no deben convertirse en asociaciones gregarias sin ninguna capacidad de decisión. Bien está la disciplina de partido para no desvirtuar el mandato del cuerpo electoral. Pero el funcionamiento interno de los grupos ha de ser plenamente democrático. No pueden limitarse a ser el brazo ejecutor en el Parlamento de las directrices emanadas de las cúpulas de los partidos. Claro es que habría que revisar las leyes reguladoras del sistema electoral a fin de garantizar el derecho de los ciudadanos a dar su voto a la formación política que prefieran y armonizarlo con el derecho a elegir a aquellos candidatos de su partido que consideren más aptos para ejercer su representación. En cualquier caso, y con ello acabo, es preciso reivindicar el buen nombre de miles y miles de personas entregadas, por vocación de servicio, a mejorar la vida de sus conciudadanos. No es cierto que todos los políticos sean iguales. La política, con minúsculas, puede llegar a ser un lodazal intransitable, pero la POLÍTICA, con mayúsculas, es una de las actividades más nobles del ser humano. Claro es que para ello hacen falta políticos honrados, valerosos, de gran autoridad moral y que, además, tengan principios y convicciones y los defiendan hasta la extenuación.

MÁS NOTICIAS

Adquiera los dos nuevos libros de Editorial LAOCOONTE

Adquiera los dos nuevos títulos de la editorial Laocoonte, “MOLA FRENTE A FRANCO” y “VASCOS Y NAVARR...

Cristina Sanz no ha incurrido en infracción alguna del Código de Conducta acordado por los partidos políticos en 2006

Como ya es habitual en él, Miguel Sanz pierde los estribos cuando se trata del Partido Popular. Su a...

Zapatero y la Constitución

El periodista y miembro de la Real Academia Luis María Anson ha publidado en "El Imparcial" del pasa...

¿Quién es el político beneficiario de las camisas bordadas?

"Son más caras que los trajes de Camps: algún político importante está nervioso por las camisas bord...

OFERTAS