| Por enésima vez una acreditada publicación internacional, esta vez el Wall Street Journal, hace planear la sombra de la duda (y de la desconfianza) sobre la economía española: “España, el próximo campo de batalla del Euro”, titula. En un contexto económico en que muchas decisiones son tomadas en Europa, el papel fundamental del Gobierno es trabajar por recuperar la confianza que permita, entre otras cosas, atraer la inversión extranjera.
Ayer, la Fundación FAES presentaba en Madrid el Índice de Libertad Económica 2010, que cada año publica el mismo periódico con la colaboración de la Fundación Heritage. El índice mide la libertad de un país y la relaciona directamente con el crecimiento económico teniendo en cuenta distintos indicadores: libertad comercial, fiscal, monetaria, financiera, laboral, gasto gubernamental, derechos de propiedad, etc. En la edición de este año, España no baja puestos (aunque sí puntuación), pero se sitúa detrás de muchos países europeos. La importancia de los indicadores puede variar de un país a otro debiendo centrarse la atención en aquel que cada país tiene peor valorado y en el caso de España ésta es la libertad laboral, a la que califica de inflexible y rígida.
Sin alejarnos mucho en el tiempo y en el espacio, el martes CC.OO y UGT protagonizaron una manifestación en la que se ponía de manifiesto su escasa capacidad de convocatoria. Esto nos ha confirmado algo que muchos sospechábamos desde hace algún tiempo: que los dos grandes sindicatos se han apropiado de la palabra “social”. En otros países, a las organizaciones que representan a minorías que buscan defender sus privilegios se les conoce como grupos de presión o lobbies.
Los sindicatos harían bien en defender aquello que más preocupa a la sociedad y a los trabajadores: el empleo, clave para el desarrollo personal pero, sobre todo, porque es la base sobre la cual es posible impulsar y sostener el resto de políticas sociales. Y sólo bajo un marco de libertad es posible recuperar el crecimiento económico y el empleo. De hecho, la solidaridad (también la que se produce entre generaciones a través de las pensiones de jubilación), sólo puede ser garantizada por una sociedad dinámica y próspera. Precisamente el extremo contrario al que nos conduce el Presidente Zapatero y sus adláteres.
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